El emergente

La Ley del Deporte y la obligación del Estado de velar también por la actividad profesional

El Estado tiene el derecho y la obligación de velar porque la población tenga acceso a la práctica del deporte.

Es de su interés supremo que cada día más y más personas formen parte de la actividad, en cualquiera de sus especialidades.

La masificación del deporte es un asunto de salud pública. De manera directa puede incidir en la reducción de enfermedades y dolencias crónicas, aliviando también nuestro sobrecargado sistema de asistencia social.

Pero la práctica deportiva incluso va más allá. Mucho se dice de los valores que el deporte puede reforzar en sus practicantes y aficionados, y mucho bien se haría por nuestro país si hubiera menos discurso y más conciencia sobre los beneficios “aprendidos” que deja.

Quien se entrena, así sea para envejecer más lentamente, sabe que sólo del esfuerzo nacen los objetivos cumplidos; que los mayores obstáculos son siempre las propias limitaciones, los dolores y la pereza.

No hay mayor metáfora del emprendimiento y de los logros individuales en una sociedad que la práctica deportiva, y al mismo tiempo, magnífica paradoja, la posibilidad de competir en equipo nos ofrece la mejor metáfora del trabajo en conjunto, de la camaradería, de lo que se puede obtener cuando un colectivo empuja hacia el mismo lado, dando cada quien todo de sí.

La reciente Ley del Deporte recoge artículos que pueden ayudar en esa dirección.

Es, ciertamente, un instrumento legal polémico, con aspectos que aún pueden adaptarse a los preceptos propulsados por el Olimpismo desde los años 80, cuando, entre otras cosas, se borró la división entre deporte “amateur” y “profesional”, asumiendo que hay deporte masificado y deporte de alta competencia, y que en este último todos son profesionales, de uno u otro modo, por cuanto reciben algún tipo de beneficio o apoyo material.

Es notable que se hayan echado las bases para un sistema de seguridad social para atletas, entrenadores y jueces. Abundan los puntos altos.

Pero es difícil no coincidir también con las dudas y exigencias planteadas por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, principal vocero del deporte rentado local en la protesta contra el recién sancionado reglamento de la ley.

Hay varios aspectos resaltantes en el reclamo. Destacamos algunos.

Primero, que no se consultó con los actores a quienes afecta la norma sobre el patrocinio a competencias, equipos y ligas profesionales, siendo que estamos en una democracia directa y participativa.

Segundo, que no habrá libertad de patrocinio, pues a la larga será el Estado el que decida en última instancia cómo se invierte el dinero de los grandes patrocinadores.

¿Es esto el comienzo del fin de la LVBP y otras ligas rentadas, como se ha sugerido? Imposible saberlo a ciencia cierta, pero ciertamente peligroso intentar averiguarlo.

Si es habitual que equipos de la primera división de nuestro fútbol pasen meses sin pagar a sus jugadores, por falta de patrocinio, no se requiere gran imaginación para sospechar una quiebra generalizada.

En el caso de la pelota, ¿qué pasará con la mayoría de las novenas, que no tienen las entradas que el Caracas y el Magallanes reciben a través de la venta de uniformes y memorabilia?

El Estado está obligado a velar por el sistema deportivo. Y una parte fundamental del sistema es la punta de la pirámide, esas ligas profesionales que son tanto entretenimiento y espectáculo como el ejemplo a imitar por cientos de miles de niños y jóvenes, que emprenden la práctica de un deporte, y así mejoran sus condiciones físicas, reforzando su salud y sus valores, a través del sueño de llegar algún día a ser ese jugador profesional a quien tanto admiran.

Publicado en El Nacional, el domingo 11 de marzo de 2012.