La nueva Ley del Deporte (y III)
Con esta entrega termina un somero repaso al proyecto de Ley del Deporte que discute la Asamblea Nacional, abordando nuevas contradicciones del papel de trabajo
El proyecto de Ley del Deporte, al que hemos dedicado tres columnas, tiene en la democratización de los entes deportivos uno de sus capítulos más polémicos.
Hay motivos nobles: algunas federaciones son regidas por la misma persona durante años, incluso décadas, sin que exista espacio para el relevo ni las nuevas ideas.
El desempeño de muchos de esos dirigentes demuestra que no está bien contar con la posibilidad de quedarse en el mando indefinidamente y sin una verdadera contraloría social, más cuando en ocasiones ni siquiera se observan los resultados. Pero vemos con recelo varias propuestas, más allá de lo que exprese el propio Comité Olímpico Internacional.
Que voten atletas, entrenadores, árbitros y jueces es razonable y justo, pero permitir que lo hagan deportistas menores de edad degrada la importancia de ese voto.
Hay una razón por la que adolescentes de 15 años no eligen sus alcaldes, gobernadores, juntas parroquiales, diputados, presidentes. Colocar al Comité Olímpico Venezolano, a las federaciones y asociaciones en otro plano, es restarles importancia y valor.
Algunas de nuestras federaciones deportivas manejan un presupuesto comparable con el de países miembros de la ONU; Fevefútbol, por ejemplo. La elección de su tren directivo requiere madurez política y personal, capacidad para evaluar y decidir, tanto como si se tratara de una elección para una asamblea legislativa.
Lo justo es que no voten ni los menores de edad ni sus padres y representantes. Que ese derecho quede para los atletas con 18 años cumplidos, so pena de quitarle a esa elección la importancia capital que posee.
Aquí aparece otra contradicción del proyecto: el legislador propone, por ejemplo, que para elegir la directiva del Comité Olímpico Venezolano participen los atletas de disciplinas olímpicas. Implica un despiste: el beisbol, por ejemplo, no es deporte olímpico; según la propuesta, sus practicantes y dirigentes no podrían votar para el COV, pero el beisbol participa en todas las demás instancias del ciclo olímpico (Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos, Panamericanos). ¿Entonces?
En la nueva Ley, el derecho de aquellos estaría signado por una decisión arbitraria del COI. Todo deporte federado debería participar en la escogencia del COV.
Otro aspecto polémico es fomentar que los atletas integren las directivas de asociaciones y federaciones. Un atleta debe dedicarse a prepararse y un dirigente, dirigir. Los intereses y necesidades de uno coliden con los del otro. Quien quiera dar el paso y probar un nuevo rol, bien, pero lo propuesto es una receta confusa y peligrosa.
El deporte profesional teme, no sin razón, que la declaratoria de “interés público” conlleve la posibilidad de intervenciones, o que se permita la transmisión libre y gratuita de todo espectáculo deportivo.
Este último punto merece mención: la venta de los derechos de transmisión puede lucir odiosa a algunos, pero es uno de los principales modos que existen para financiar la actividad.
Todas las instancias del deporte son necesarias. Un sector profesional sano y vigoroso empujará el deporte de desarrollo y la masificación. Y esto último es el verdadero interés del Estado. Por eso conviene tanto que los legisladores pongan a un lado la ideología.
En el deporte se aplaude la sobrevivencia del más apto, el triunfo del mejor sobre decenas, a veces miles de participantes y adversarios. Ese individualismo, sin el que no existirían competencias deportivas, se compensa con la masificación deportiva.
En equilibrar esta aparente paradoja están el reto y la clave para hacer una buena legislación.
Publicado en El Nacional, el martes 28 de junio de 2011.
